En horas de la mañana de ayer, 29 de abril de 2025, se celebró una audiencia inicial en el proceso judicial por el delito de estafa agravada que involucra a varias víctimas de Nueva Segovia.
El acusado, Andrés Isabel González Pérez, de 66 años y originario de Estelí, se hacía pasar por Andrés Tinoco Espino y ofrecía supuestas ganancias millonarias a cambio de préstamos para pelear una herencia inexistente.
Se estima que hay más de 20 personas afectadas, algunas de las cuales perdieron sumas superiores a los 150 mil dólares.
Las denuncias comenzaron a llegar a la Policía Nacional en 2024 y, gracias a las gestiones del abogado y notario José Paisano, el caso fue remitido por la vía judicial.
Durante la audiencia, presidida por la jueza Marbeli Blandón, se confirmó la ausencia del acusado, por lo que se procedió a girar orden de captura y se instruyó a la Policía Nacional para localizarlo y ponerlo a disposición del tribunal.
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En la sala de audiencias estuvo presente don Julio César Reyes, originario del municipio de El Jícaro, una de las principales víctimas, quien acudió con documentos y una acusación formal contra el procesado.
Mientras tanto, otros afectados por esta presunta estafa se encontraban afuera del juzgado, a la espera de los resultados de la audiencia.
La audiencia fue reprogramada para celebrarse una vez que el acusado haya sido capturado, y el caso continuará por la vía penal en el Juzgado del Distrito Penal de Audiencia de Ocotal.
Según los testimonios recopilados, González Pérez utilizaba un elaborado esquema para ganarse la confianza de sus víctimas. Se presentaba con una identidad falsa y decía ser heredero de una fortuna internacional.
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González Pérez argumentaba que esta herencia correspondía por parte de una mujer llamada Rita Graciela González Molina, a quien describió como una ex secretaria de la ONU que en su juventud se había casado con un petrolero de Medio Oriente.
El acusado prometía a sus víctimas que, si le prestaban dinero para supuestamente costear los trámites legales de esa herencia, recibirían una recompensa millonaria en cuanto se resolviera el caso.
Para convencer a las personas, incluso afirmaba ser dueño de propiedades como el edificio de Unión Fenosa en Managua y un teatro en Estelí.
El contacto inicial lo hacía a través de amistades en común o conocidos, lo que generaba mayor credibilidad. En algunos casos, lograba que las víctimas firmaran pagarés notariales para “garantizar” la devolución del dinero, lo que dio al esquema apariencia de legalidad.
Algunas personas afectadas han estado esperando hasta 15 años para recuperar sus bienes, sin éxito. La estafa habría dejado pérdidas millonarias y un largo rastro de frustración e impotencia entre las víctimas, muchas de ellas personas humildes que confiaron en la palabra del acusado.
